Trump firma orden para crear padrón nacional de votantes

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para crear un padrón nacional de votantes verificados y habilitados y para restringir el voto por correo, una medida que rápidamente atrajo amenazas legales de funcionarios demócratas estatales mientras el mandatario exige más limitaciones al voto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año.

La orden, que según expertos en leyes electorales viola la Constitución, ya que intenta arrebatar a los estados el poder de administrar las elecciones, es la más reciente en una avalancha de esfuerzos de Trump por interferir en la forma en que los estadounidenses votan, basados en sus falsas acusaciones de fraude.

La medida ordena al Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, que elabore el padrón de votantes habilitados en cada estado, según el texto de la orden ejecutiva difundido el martes. También pretende impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe boletas de voto por correo a quienes no figuren en el padrón electoral de cada estado, aunque es probable que el presidente no tenga facultades para ordenar lo que hace dicha agencia.

El mandatario también pide que las boletas tengan sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento, según la orden ejecutiva, de la que informó en primera instancia el Daily Caller.

“El engaño en el voto por correo es legendario. Es horrible lo que pasa”, dijo Trump, repitiendo sus falsas acusaciones sobre las boletas por correo mientras firmaba la orden. “Creo que esto ayudará mucho con las elecciones”.

A los pocos minutos de que el presidente firmara la orden, los principales funcionarios electorales de Oregon y Arizona, dos estados que dependen en gran medida de las boletas por correo, prometieron demandar. Trump trata de invadir ilegalmente el derecho de los estados a administrar las elecciones, dijeron.

“No necesitamos decretos desde Washington, D.C.”, dijo Tobias Read, el secretario de Estado demócrata de Oregon, que vota completamente por correo. “Mi mensaje al presidente: Nos veremos en el tribunal”.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, dijo que el sistema de voto por correo del estado fue diseñado por republicanos y ha ofrecido elecciones seguras durante décadas. Ahora lo utiliza el 80% de los votantes.

“Donald Trump intenta escoger su lista deseada de votantes en cada estado con la ayuda de la Administración del Seguro Social”, dijo Fontes, del Partido Demócrata.

“No permitiremos que esto prevalezca”, añadió.

Trump ha mentido repetidamente sobre el resultado de la campaña presidencial de 2020 y la integridad de las elecciones administradas por los estados, afirmando nuevamente el martes que ganó “tres veces” y mencionando continuamente acusaciones de fraude electoral que numerosas auditorías, investigaciones y tribunales han desacreditado.

La primera orden ejecutiva de Trump sobre elecciones, emitida en marzo de 2025, requería cambios de gran alcance en la forma en que se realizan los comicios en todo el país, incluida la incorporación de un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes y la exigencia de que las boletas enviadas por correo se reciban en las oficinas electorales a más tardar el día de las elecciones. Gran parte de esas medidas han sido bloqueadas mediante demandas presentadas por grupos defensores de los derechos electorales y por fiscales generales estatales demócratas, quienes alegan que se trata de una apropiación inconstitucional de poder que privaría del derecho al voto a grandes grupos de electores.

Trump también dijo en febrero en una entrevista con un podcaster conservador que quiere “tomar el control” de las elecciones en zonas gobernadas por demócratas,

La orden electoral del martes muestra que no ha aprendido de sus infructuosos intentos anteriores de tomar control de las elecciones, señaló David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

“La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones en los estados”, indicó Becker. “Esto será bloqueado tan pronto como los abogados puedan llegar al tribunal”.

Becker también añadió que el Servicio Postal de Estados Unidos está dirigido por una junta de gobernadores, y el presidente no tiene poder para decirle qué correo puede y no puede entregar.

“Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para tomar el control del voto, demandaremos”, dijo Marc Elias, litigante de derechos electorales y fundador de Democracy Docket, en una publicación en redes sociales. “No estoy fanfarroneando y por lo general gano”.

Las elecciones en Estados Unidos no están centralizadas. En lugar de ser administradas por el gobierno federal, las llevan a cabo funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones de todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que la población total de algunos estados. La llamada “Cláusula Electoral” de la Constitución también otorga al Congreso la facultad de “dictar o modificar” las normas electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración electoral.

El gobierno de Trump ha lanzado una amplia campaña que, según dice, está destinada a abordar acusaciones de fraude electoral que, durante años, han sido objeto de afirmaciones falsas de Trump y sus aliados. Durante meses, el Departamento de Justicia ha exigido a los estados listas detalladas de registro de votantes en lo que ha descrito como un esfuerzo por garantizar la seguridad de las elecciones, y ha demandado cuando funcionarios estatales se han negado a entregarlas.

En enero, el FBI incautó boletas de la oficina electoral de un condado de Georgia que ha sido un elemento central de teorías conspirativas de la derecha sobre la derrota electoral de Trump en 2020. Y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, nombró recientemente a Daniel Bishop, el principal fiscal federal para el Distrito Medio de Carolina del Norte, como un “abogado especial” con poder para investigar y procesar casos en todo el país “relacionados con la integridad de las elecciones federales”, según una copia de la orden.

El sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio ha sido objeto de escrutinio por parte de grupos defensores de los derechos electorales por producir resultados defectuosos a partir de conjuntos de datos poco confiables, así como por preocupaciones sobre la privacidad. Un ejemplo es que los estados pueden realizar búsquedas masivas en el sistema con números de Seguro Social, pero pocos estados recopilan números completos de Seguro Social como parte del registro de votantes, según el Centro Brennan para la Justicia.

El gobierno de Trump emprendió una revisión del sistema el año pasado, pero aún enfrenta impugnaciones legales según las cuales depender del sistema puede producir errores al identificar el estatus de ciudadanía y afectar a votantes habilitados.

El presidente es un abierto crítico del voto por correo, y afirma que la práctica está plagada de fraude, mientras presiona a los legisladores para que aprueben una amplia ley electoral que lo restringiría. Las acusaciones de Trump sobre un fraude generalizado carecen de fundamento; un informe de 2025 de la Institución Brookings concluyó que el fraude en el voto por correo ocurrió en apenas el 0,000043% del total de boletas enviadas por correo, es decir, alrededor de cuatro casos por cada 10 millones de boletas.

El propio Trump ha utilizado boletas por correo para votar. De hecho, lo hizo la semana pasada en las elecciones locales de Florida. La Casa Blanca ha dicho que el mandatario se opone al voto universal por correo, y no a los votantes individuales que puedan necesitar ese método alternativo por motivos como viajes o despliegue militar.

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