Aprueban declaración de emergencia por redadas migratorias en un condado de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades del condado de Los Ángeles aprobaron el martes declarar un estado de emergencia que les otorga el poder de brindar asistencia a los residentes que, afirman, han pasado problemas financieros debido a las redadas de inmigración que realiza actualmente el gobierno federal.

La medida permite que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proporcione alivio en el pago del alquiler a los inquilinos que se han atrasado como resultado de la batida federal contra los inmigrantes.

Las redadas migratorias que se intensificaron a mediados de año han sembrado el temor en las comunidades de inmigrantes, lo que ha llevado a muchos a limitar sus salidas. Agentes federales han detenido a inmigrantes que están en el país sin autorización en tiendas Home Depot, negocios de lavado de autos, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos durante los operativos.

La declaración de estado de emergencia local también podría canalizar dinero estatal para proporcionar asistencia legal y otros servicios.

Los fondos para el alquiler estarán disponibles para las personas que los soliciten a través de un portal en línea que se pondría en marcha dentro de dos meses, dijo la oficina de la supervisora Lindsey Horvath. La moción también podría ser un primer paso hacia una moratoria de desalojos, pero eso requeriría una acción separada por parte de los supervisores.

A los arrendadores les preocupa que este pueda ser otro golpe financiero tras la prolongada prohibición de desalojos y de aumentos de alquiler implementada durante la pandemia de COVID-19.

La declaración fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra. La supervisora Kathryn Barger se opuso.

Horvath y Janice Hahn aseguraron que las redadas han sembrado el temor y han desestabilizado a hogares y negocios. A finales de agosto se registraron más de 5.000 arrestos en Los Ángeles como parte de la batida.

Aproximadamente una tercera parte de los 10 millones de residentes del condado son nacidos en el extranjero. Varias ciudades de la región cancelaron sus celebraciones del 4 de Julio y las noches de cine de verano mientras las familias optaban por permanecer en casa por motivos de seguridad.

Desde junio, la región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla en la agresiva estrategia de inmigración del presidente Donald Trump, que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y de infantes de Marina durante más de un mes.

“Tenemos residentes que tienen miedo de salir de sus casas, hay habitantes contactando mi oficina porque sus familiares nunca regresaron a casa y no saben si han sido llevados por el ICE o a dónde se los han llevado”, dijo Hahn. “Tenemos familias enteras que están en la indigencia porque sus padres o madres han sido llevados de sus lugares de trabajo y no tienen forma de pagar su alquiler o poner comida en la mesa”.

La semana pasada, la junta, compuesta por cinco miembros, votó 4-1 a favor de someter la declaración a votación en su reunión regular del martes. El único voto en contra también fue de Barger, quien argumentó que las redadas de inmigración no cumplían con los criterios de una emergencia y que podría ser injusto para los arrendadores.

“Estoy segura de que vamos a enfrentar impugnaciones legales”, dijo Barger. La moratoria de desalojos del condado durante la pandemia de COVID-19 produjo múltiples demandas.

Durante la parte de comentarios públicos de la votación del martes, varias personas dijeron que estaban en contra de la declaración de emergencia si conduciría a una moratoria de desalojos.

Los arrendadores “aún no se recuperan” de las congelaciones de la era del COVID que les costaron “miles de millones de dólares en alquileres no cobrados y prohibieron el aumento anual del alquiler”, afirmó Daniel Yukelson, director general de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles.

Señaló que los proveedores de vivienda son comprensivos con los inquilinos y sus familiares afectados por las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Pero también dijo que la asociación no tiene conocimiento de nadie que no pueda pagar el alquiler debido a la aplicación de la ley de inmigración.

“Si las jurisdicciones locales permiten una vez más que los pagos de alquiler se difieran debido a las actividades policiales por parte del ICE, esto provocará un mayor deterioro y pérdida de viviendas asequibles en nuestra comunidad”, dijo Yukelson el lunes.

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